El número “chocante” de 350.000 casos de mortalidad materna que se verifican cada año, en particular entre las poblaciones más pobres y marginadas, los 3 millones de niños que mueren durante la primera semana de vida y los otros 2,3 millones que mueren durante su primer año de vida fueron recordados por el Arzobispo Silvano M. Tomasi, Observador permanente de la Santa Sede en la Oficina de las Naciones Unidas e Instituciones especializadas en Ginebra, en su intervención pronunciada el 14 de junio en el ámbito de un grupo de trabajo sobre la mortalidad materna, durante la 14ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
El Arzobispo subrayó que la reducción de la mortalidad materna es posible con una renta per cápita más alta, una tasa de instrucción superior para las mujeres y una creciente disponibilidad a la asistencia médica de base. Un reciente estudio sobre la mortalidad materna evidenció que la mortalidad materna en África se reduce notablemente si las madres seropositivas han tenido acceso a los fármacos retrovirales. “La disponibilidad de asistencia obstétrica de emergencia – prosiguió Mons. Tomasi – incluida la prestación de servicio de asistencia pre y postnatal, y de un transporte adecuado a las estructuras sanitarias (cuando es necesario), personal obstétrico competente, un aporte de sangre limpia y una provisión de agua potable, los antibióticos necesarios y la introducción de una edad mínima de 18 años para el matrimonio, son todas medidas de las que podrían beneficiarse tanto las madres cuanto sus hijos”.
El Representante de la Santa Sede destacó asimismo que “si la comunidad internacional quiere reducir eficazmente la trágica tasa de mortalidad materna, es necesario no sólo hablar de respeto y promoción del derecho a la salud y de acceso a las medicinas, sino que es necesario también ponerlo por obra, por parte de los Estados, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil”.
El Arzobispo concluyó su intervención poniendo en relieve que “las políticas para combatir la mortalidad materna y la mortalidad infantil deben encontrar un delicado equilibrio entre los derechos de la madre y los del niño, en cuanto que ambos son portadores de derechos, el primero de los cuales es el derecho a la vida. Las clínicas y los hospitales de maternidad promovidos por la Iglesia católica hacen justamente esto: salvan la vida tanto de las madres como de los niños, los nacidos y los que deben aún nacer”.
Fuente: Agencia Fides
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