Los niños aborígenes de Salta mueren por desnutrición y discriminación

 La Comisión Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) ha negado con un comunicado cuanto han afirmado las autoridades de Salta, que han calificado las muertes de al menos 10 niños por desnutrición como “un problema cultural, no sanitario ni social, porque los aborígenes no concurren al hospital”. En un comunicado enviado desde la Agencia Aica de Argentina a la Agencia Fides, firmado por Alicia M. Torres Secchi y Tomás M. Torres Aliaga, médicos comprometidos desde hace 30 años en el programa de atención sanitaria a las comunidades de Salta, son contrarios a esta afirmación.

“Los pueblos indígenas cuando son tratados con respeto y dignidad por los equipos de salud, concurren y aceptan sin dificultad las prácticas de la medicina oficial. De igual manera rápidamente las abandonan o se resisten a concurrir, cuando son objeto de discriminaciones abiertas o encubiertas. Resisten callando, porque no se sienten ni son considerados parte de instituciones públicas” afirman en el comunicado.

Los varios puntos del documento son una síntesis de un libro publicado recentemente por ENDEPA. Los autores concluyen, en el texto publicado que esto sucede “porque frases como ‘desnutridos culturales’ o ‘enanos raciales’ (que un funcionario de Salta ha usado), no son más que una excusa encubierta y de incapacidad, de quienes tienen la responsabilidad y los recursos para resolver tal violencia social”.

“La desnutrición puede ser tratada, controlada y revertida en gran medida, por políticas y decisiones que Salta conoce, pero que no ha sostenido. Además es posible eliminar la desnutrición que afecta irreversiblemente el desarrollo infantil inicial, si los hospitales públicos contaran con las vitaminas que cualquier pediatra de nuestro país indica a sus pacientes”, se lee en otro punto del documento.

"¿Por qué callan si nacen gritando? Poder, accesibilidad y diferencias culturales en salud”, escrito por ellos y que acaba de publicar ENDEPA.

     * “Que los pueblos originarios cuando son tratados con respeto y dignidad por los equipos de salud, concurren y aceptan sin dificultad las prácticas de la medicina oficial. De igual manera rápidamente las abandonan o se resisten a concurrir, cuando son objeto de discriminaciones abiertas o encubiertas. Resisten callando, porque no se sienten ni son considerados parte de instituciones públicas.

     * “Que los equipos de salud que trabajan comprometidos con la población local, no tienen de parte de las autoridades sanitarias ni apoyo, reconocimiento ni recursos necesarios, para sostener las prestaciones mínimas que en salud exige la Convención de los Derechos de los Niños con rango constitucional en nuestro país.

     * “Que es factible económicamente sostener esas prestaciones, con un aporte mínimo anual de 150 dólares por persona, mucho menos de lo que en promedio invierte el sistema público de salud en nuestro país, y que los gobiernos no quieren o no saben asignar a las poblaciones originarias.

     * “Que la desnutrición de esas comunidades, problema esencialmente socio-económico no ha sido revertido por ningún gobierno en los últimos 200 años, porque los pueblos originarios han sido y siguen siendo objeto de ‘prácticas sociales genocidas’ inclusive por aquellas instituciones o políticas que refieren ayudarlos. Su eterna condición de pobres estructurales así lo demuestra.

     * “Que sanitariamente la desnutrición puede ser tratada, controlada y revertida en gran medida, por políticas y decisiones que Salta ha conocido, pero no ha sostenido. Además es posible eliminar la desnutrición que afecta irreversiblemente el desarrollo infantil inicial, si los hospitales públicos contaran con las vitaminas que cualquier pediatra de nuestro país indica   a sus pacientes.

     Los autores concluyen, en el texto difundido por ENDEPA, que “todo ocurre como si la nominación de ‘desnutridos culturales’ o ‘enanos raciales’ (que otra funcionaria salteña supo acuñar), no fuera más que una excusa para la encubierta decisión o incapacidad, de quienes tienen la responsabilidad y recursos para resolver tal violencia social”.

Fuente: Agencia Fides