La muerte por piedad y el uso discrecional de personal médico sobre un paciente en estado terminal ya fue motivo de gran polémica en Uruguay hace unos años, cuando se conoció el caso de un médico que había suministrado una alta dosis de morfina a pacientes que luego murieron. Diego Magga, acusado de "matar intencionalmente a pacientes no terminales", fue declarado inocente pero decidió irse del país, en un caso que abrió un fuerte debate sobre la eutanasia. El origen de la denuncia contra el profesional había sido un durísimo informe del Tribunal de Ética de la Federación Médica del Interior, que lo acusaba de responsabilidad directa en la muerte de pacientes que no eran terminales.
En julio de 2006, Magga actuaba en el Hospital de Libertad, una localidad a no más 100 kilómetros de la capital. Entonces, el gremio lo expulsó de la federación. A los seis meses, la Justicia uruguaya lo declaró inocente. Pero la resolución no impidió que continuara el debate público sobre el caso. A mediados de 2007, el tribunal de ética encomendó el caso a la Oficina Panamericana de la Salud, que lo derivó a un experto en ética y en el manejo de enfermos terminales. Fue el médico argentino Roberto Wenk, presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Paliativa, el que analizó los cuatro casos en los que se acusaba a Magga de muerte intencional.
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