En los últimos tiempos, el recrudecimiento de la ola de violencia y el número creciente de homicidios en ocasión de robo fueron los motores de una ciudadanía unida en sus reclamos por una voluntad política que se decida a enfrentar esta masacre por goteo. Con las políticas asistencialistas clientelistas, se perdió una oportunidad de impulsar políticas de Estado orientadas a una genuina inclusión, alentando programas de trabajo, educación y acceso a la vivienda digna entre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Víctimas de ese estrepitoso fracaso y cautivos de una ruleta rusa, algunos han ido más allá: supervisan las promesas de las autoridades y reclaman una política de Estado que combata la impunidad del delito.
Pero mientras durante los años de plomo las muertes eran silenciadas y hasta ironizadas ("Los desaparecidos son eso, desaparecidos; no están ni vivos ni muertos; están desaparecidos", sentenciaba el dictador acuñando un aberrante neologismo), hoy los muertos de la democracia son ominosamente ignorados. Ese significativo silencio ante los muertos de la democracia -cuyo número supera ampliamente el número de desaparecidos de la dictadura- fue ilusoriamente interrumpido el 8 de mayo pasado cuando el Poder Ejecutivo anunció la creación de una comisión de cinco expertos con el propósito de formular una propuesta de reforma del Código Penal. Para un observador ingenuo, podría ser la prueba irrefutable de que los reclamos fueron escuchados. Pero sería apenas otro exceso de credulidad.
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