Una niña indonesia católica, Wilfrida Soik, se encuentra en las cárceles de Malasia, acusada de haber matado a su jefa de trabajo, y podría ser condenada a muerte. En su defensa se movilizaron algunas organizaciones no gubernamentales de Indonesia y Malasia, y la Iglesia de ndonesia de Atambua (Diócesis en la parte occidental de la isla de Timor, de la que la chica proviene). El caso, de hecho, tiene muchas ambigüedades y necesita que se aclaren en todos los niveles. Wilfrida es una niña discapacitada mental, víctima de los traficantes de personas. Es la información que la Agencia Fides ha recibido de fuentes de la Iglesia indonesia y de la "Coalición contra la Pena de Muerte" en Indonesia, que está tratando de investigar el caso, para proteger los derechos Wilfida y evitar que sea ejecutada.
La Iglesia Católica en Atambua, a través del obispo monseñor Datu Serik, denunció el caso a la "Comisión para los Derechos Humanos" de Indonesia y está trabajando para encontrar la manera correcta de pedir el perdón a favor de Wilfrid y así permitirla de volver a su casa. Su historia, de hecho, llegada a Fides, es una historia de pobreza, marginación y explotación. Wilfrida proviene de una familia muy pobre. Nacida en 1993 en la provincia de Belu (provincia de Nusa Tenggara Oriental), la chica desde los dos años sufre trastornos mentales. El año pasado fue abordada por unos hombres que, a través de la agencia del Ministerio de Trabajo de Belu, la han conseguido un trabajo en Malasia. Para poder hacerla salir del país han falsificado sus documentos, haciendo creer que Wifrida era mayor de edad. Wilfrida fue en realidad víctima de una organización que trafica con seres humanos, especialmente con mujeres. Llegó a Malasia, y fue contratada como empleada doméstica en la ciudad de Pasir Mas (cerca de Johor), en la casa de una señora mayor, Yeap Seok Pen, a su vez, enferma de Parkinson. La mujer fue encontrada muerta el 7 de diciembre de 2010, Wilfrida ha sido acusado de asesinato y detenida. El tribunal de Pasir Mas el 9 de mayo del año pasado llevó a cabo una audiencia para determinar la culpabilidad de la joven, pero, como informan las fuentes de Fides, "el resultado no es tan claro, y no hay pruebas en contra de la niña". El hecho es que Wilfrida puede ser condenada a pena de muertel. La Coalición contra la Pena de Muerte en Indonesia, que reúne a numerosas organizaciones, entre ellas la Comunidad de San Egidio, escribió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y a la Embajada de Indonesia en Malasia para que se hagan cargo del caso. El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, ha creado recientemente la "Indonesian Migrant Workers Task Force", para tratar los casos espinosos de los trabajadores inmigrantes condenados a muerte en el extranjero.
Charles Hector Fernández, un abogado católico de Kuala Lumpur, responsable de la asociación "Malaysians Against Death Penalty and Torture" (MADPET), declaró a Fides: "Vamos a tratar de llegar a conocer a fondo el caso de Wilfrida, y hacer todo lo posible poder para ayudarla". Y explica: "De acuerdo con la legislación de Malasia, en caso de asesinato, el juez está obligado a aplicar la pena de muerte. Es una de las cuestiones sobre las que estamos trabajando duro, pidiendo una revisión de la norma, para que al menos el juez puede escoger el imponerla, en base a circunstancias atenuantes, una pena de cadena perpetua".
"En Malasia - continúa - hay más de 640 presos condenados a muerte, en espera de la ejecución. Las ejecuciones continúan adelante, no hay una moratoria, pero se redujeron hasta el punto de realizar sólo 2 en 2010. Parece que el gobierno está dispuesto a volver a examinar la cuestión de la pena de muerte, por lo menos para sacarla como un castigo para algunos delitos, y eliminar la obligación de los jueces. Sería un paso adelante, aunque tenemos la esperanza de una abolición completa. Con este fin, la presión internacional es importante, porque puede ayudar mucho".
Fuente: Agencia Fides
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