Con el voto de 55 senadores y una sola abstención, la Cámara alta sancionó la denominada ley de muerte digna, que concede a los pacientes terminales y a sus familiares el derecho a rechazar los procedimientos terapéuticos que sean desproporcionados en relación con la perspectiva de mejoría o que produzcan un sufrimiento desmesurado. Ese derecho podrá ser ejercido por los que sufran una enfermedad incurable, irreversible o se encuentren en estado terminal y que hayan sido debidamente informados por los médicos sobre el alcance y las consecuencias de la decisión.
Esta determinación podrá ser revocada y los profesionales médicos estarán obligados a acatar la marcha atrás, dejando expresa constancia, en la historia clínica, de la nueva decisión. La ley fue sancionada con la presencia en los palcos del Senado de Selva Herbón, madre de una chica de 3 años que está inconsciente desde su nacimiento, y de Susana Bustamante, cuya hija, Melina, murió a los 18 años, víctima de una enfermedad degenerativa, después de muchos años de reclamar que la dejaran morir con dignidad. Visiblemente emocionadas, ambas mujeres festejaron con aplausos el resultado de la votación.
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